Por el Abogado Carlos Enrique Gutiérrez Freites, CEO de Gutierrez Legal Group
La reciente reforma de la Ley de Nacionalidad en Portugal, aprobada en octubre de 2025, marca un punto de inflexión en la política migratoria europea. Portugal, hasta hace poco considerado un país abierto y receptivo a la inmigración, ha decidido endurecer las condiciones de acceso a la ciudadanía, en una clara respuesta a los desafíos que plantean los crecientes flujos migratorios internacionales.
Este cambio normativo no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como parte de una tendencia global en la que los Estados buscan reafirmar su soberanía y proteger su identidad nacional. En un contexto de crisis migratorias simultáneas en Europa y América, las políticas de control, regulación y restricción del acceso a la nacionalidad se han convertido en instrumentos necesarios para preservar la estabilidad social, económica y cultural de las naciones.
El abogado Carlos Enrique Gutiérrez Freites, CEO de Gutierrez Legal Group y especialista en derecho de extranjería e inmigración, analiza esta reforma desde una perspectiva jurídica y política, explicando su impacto y su conexión con el nuevo orden migratorio mundial.
Un fenómeno global: la necesidad de recuperar el control migratorio
El caso portugués se enmarca en un escenario internacional donde el crecimiento de la migración irregular, la presión sobre los servicios públicos y la percepción de pérdida de identidad cultural han llevado a múltiples gobiernos a revisar sus políticas migratorias.
En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó recientemente un plan que propone vincular la concesión de la nacionalidad y las ayudas sociales con el cumplimiento de deberes cívicos y de integración efectiva, bajo la premisa de que el Estado debe garantizar primero el bienestar de quienes contribuyen activamente a la nación.
En Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump, actualmente en ejercicio, ha retomado políticas que refuerzan el control fronterizo, limitan la residencia permanente (Green Card) y endurecen el proceso de naturalización, en el marco de su doctrina “America First”.
Mientras tanto, Francia, Italia, Hungría y ahora Portugal avanzan hacia un modelo migratorio que busca equilibrar la solidaridad con la defensa del interés nacional. Este nuevo paradigma jurídico no persigue la exclusión, sino la preservación del orden social y la sostenibilidad del Estado frente a un fenómeno migratorio que supera, en número y en impacto, las previsiones de las últimas décadas.
Los pilares de la nueva ley portuguesa
El texto aprobado por el Parlamento portugués introduce reformas estructurales que transforman profundamente el acceso a la nacionalidad:
📌 Extensión de los plazos de residencia legal
Los extranjeros deberán residir legalmente en Portugal durante diez años antes de poder solicitar la nacionalidad (siete para ciudadanos de la UE o de países de lengua portuguesa).
🗣️ Prueba cultural y lingüística obligatoria
Se exigirá aprobar un examen sobre idioma, historia, cultura y símbolos nacionales, asegurando que quienes adquieran la nacionalidad compartan un conocimiento mínimo y respeto hacia la identidad portuguesa.
💶 Acreditación de medios de vida propios
Los solicitantes deberán demostrar recursos económicos suficientes y no depender de ayudas públicas. El objetivo es garantizar que la nacionalidad se otorgue por integración real, no como un medio de acceso a subsidios.
👶 Nacionalidad por nacimiento restringida
Los hijos de migrantes nacidos en Portugal ya no obtendrán automáticamente la ciudadanía. Será necesaria una solicitud formal y que uno de los progenitores haya residido legalmente al menos cinco años.
🕍 Eliminación del régimen especial para sefardíes
Se deroga el acceso privilegiado para descendientes de judíos sefardíes, tras detectarse abusos y falta de control en los expedientes.
Políticas de identidad y protección nacional
El espíritu de la reforma no debe interpretarse como xenófobo, sino como un acto de defensa institucional frente a la crisis migratoria contemporánea.
Los sistemas de salud, educación y seguridad social de muchos países europeos están saturados debido al crecimiento sostenido de población migrante que busca refugio o mejores oportunidades. En este contexto, las políticas de subsidios y ayudas públicas se han desbordado, y los Estados se ven obligados a priorizar la estabilidad de su población originaria.
Por ello, los partidos de derecha y centro-derecha han impulsado mecanismos de protección nacional, sustentados en el principio de que los recursos estatales deben garantizar primero el bienestar y la seguridad interna.
Estas medidas, aunque calificadas por algunos sectores como restrictivas, responden a una lógica jurídica legítima: la defensa del interés nacional como expresión del derecho soberano del Estado para determinar quién puede formar parte de su comunidad política.
El nuevo paradigma del nacionalismo jurídico
La reforma portuguesa consolida una visión nacionalista del derecho de nacionalidad, entendiendo que el acceso a la ciudadanía no es un derecho automático, sino un acto soberano del Estado que debe supeditarse a las necesidades y objetivos de la nación.
Bajo este enfoque, los requisitos culturales, económicos y temporales no son barreras arbitrarias, sino filtros razonables para garantizar que la nacionalidad se conceda a quienes realmente comparten y respetan el proyecto nacional.
En el análisis del especialista en derecho de extranjería e inmigración, abogado Carlos Enrique Gutiérrez Freites, este modelo refleja una tendencia creciente en Europa: el nacionalismo jurídico, entendido como una respuesta racional y legítima ante la pérdida de control sobre los procesos migratorios.
Perspectivas y posibilidades de implementación
La ley se encuentra en fase de promulgación por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, quien podría vetarla o enviarla al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el consenso político alcanzado muestra la determinación de proteger la estructura nacional frente a presiones migratorias sin precedentes.
Su aplicación convertirá a Portugal en uno de los países con los requisitos más exigentes de Europa, pero también en un referente de política migratoria responsable, donde la nacionalidad se concibe como una meta de integración auténtica.
Conclusión
El endurecimiento de la ley de nacionalidad portuguesa no es un hecho aislado, sino una manifestación del nuevo orden jurídico mundial. Los Estados, enfrentados a migraciones masivas, han optado por reforzar sus fronteras jurídicas y proteger sus identidades nacionales.
Las medidas adoptadas por Portugal —al igual que las propuestas en España o las implementadas por la administración Trump en Estados Unidos— reflejan una tendencia irreversible: la recuperación del control soberano sobre la nacionalidad como pilar esencial de la supervivencia cultural, económica y social de las naciones.
Como concluye el abogado Carlos Enrique Gutiérrez Freites, CEO de Gutierrez Legal Group y especialista en derecho de extranjería e inmigración, estas políticas no deben verse como una negación de los derechos humanos, sino como un intento legítimo de equilibrar la solidaridad internacional con la protección del Estado-nación en un mundo marcado por la movilidad masiva y los desafíos globales.